La OMC debate sobre la libre circulación de datos entre países

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La Organización Mundial del Comercio debatirá sobre el futuro de la moratoria sobre los derechos de aduana para las transmisiones electrónicas, vigente desde 1998. Esta medida ha permitido crear una zona libre de impuestos para el tráfico de datos derivado del comercio y los servicios online, pero ahora ciertos países quieren acabar con este aplazamiento y establecer impuestos a los flujos de datos, lo que tendría un grave impacto en la economía global y en la transformación digital.

Desde el año 1998 las transmisiones electrónicas transfronterizas han estado protegidas por una moratoria que estableció un marco libre de impuestos para el flujo internacional de datos. Esto ha contribuido a impulsar el comercio digital, los servicios online, el entretenimiento digital y la digitalización de las organizaciones y la sociedad, y para la mayoría de la comunidad internacional es vital renovar esta medida, pero ciertos miembros de la Organización Mundial del Comercio se oponen y quieran introducir impuestos a las transmisiones de datos transfronterizas.

Esta semana, los ministros de Comercio de los países pertenecientes a la OMC se están reuniendo en la 12ª Conferencia Ministerial (MC12), que se celebrará en Ginebra, para debatir entre otras cuestiones sobre el futuro de la moratoria. Entre los miembros están naciones con un gran peso que quieren mantener las condiciones actuales para seguir impulsando los negocios digitales y a economía. Pero otros quieren imponer impuestos a los flujos internacionales de datos, aduciendo que necesitan aumentar sus ingresos fiscales.

De lograr su objetivo se gravarían las transmisiones de datos desde y hacia sus respectivos países, lo            que encarecería un gran número de productos y servicios tan populares como los de transmisión de contenido multimedia, los juegos online, el software, las redes sociales o las transacciones internacionales, entre muchos otros. Desde la organización semiconductors.org alertan de que si se extiende esta tendencia de imponer impuestos a las transmisiones electrónicas transnacionales la economía mundial se resentiría mucho, sumando más costes a los que ya está generando el aumento de la inflación, la inestabilidad geopolítica en Europa del Este o el encarecimiento de materias primas y servicios de logística.

Entre los países menos interesados en que esto ocurra están los Estados Unidos, cuya industria manufacturera, y en especial la de semiconductores, sufriría muchos problemas, ya que depende del flujo de información para el desarrollo, diseño y fabricación de chips. Los expertos dicen que poner más obstáculos a la libra circulación de información supondría un importante freno para el avance que quiere realizar el sector estadounidense. Y lo mismo puede decirse de otras regiones como Europa, donde la colaboración internacional será clave para que tengan éxito los planes de la Comisión Europea de impulsar la industria de semiconductores en esta década.

Para ilustrar por qué consideran que este enfoque es totalmente contraproducente los expertos de la OCDE señalan que los beneficios que pudieran derivarse de cobrar tasas a la transmisión de datos entre países no compensarían las múltiples pérdidas que producirían. Especialmente en términos de competitividad en las exportaciones y de bienestar de los consumidores, que serían quienes acabarían pagando el sobrecoste de los servicios digitales. Paradójicamente, India e Indonesia, que abogan por acabar con la moratoria, son dos de los países afines al Marco Económico del Indo-Pacífico presentado recientemente por la administración de Estados Unidos. Pero este acuerdo no contempla este tipo de impuestos, y la imposición de este tipo de tasas podría socavar los planes para construir un nuevo entorno comercial más fluido entre Norteamérica y los países del sudeste asiático.

Los expertos creen que el liderazgo de estados Unidos será fundamental para que la moratoria se prolongue, y para ello contará con muchos otros países en vías de desarrollo y desarrollados que quieren impulsar la digitalización para hacer crecer sus economías, y desde hace muchos años han apoyado esta medida de protección sobre el libre tránsito de información.

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