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Los planes de recolección de datos del gobierno británico podrían violar las leyes

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Esta es la preocupación que han expresado los representantes de la Oficina del Comisionado de la Información británica, que temen que estos planes que se han filtrado puedan violar las leyes de protección de datos. Por ello, han contactado con el gobierno para aclarar la situación, a través de un análisis más exhaustivo del procedimiento que van a realizar.

Los planes que ha anunciado el gobierno del Reino Unido para salir “como sea” de la Unión Europea incluyen un dudoso proceso de migración de los datos desde el portal Gob.uk, para dirigir las comunicaciones antes de la finalización del brexit. De hecho, se han filtrado detalles que han hecho saltar las alarmas del ICO, la Oficina del Comisionado de la Información, por temor a que esta acción contravenga las leyes vigentes de protección de datos.

Por ello, representantes del ICO han contactado con el gobierno para recabar más información, y para solicitar una inspección más detallada del proceso que quieren llevar a cabo. Porque la política a la desesperada del Primer Ministro Boris Johnson es salir como sea de la UE el 31 de octubre, y la precipitación podría llevar a infringir las leyes, con el consiguiente coste para el Reino Unido y para los propios ciudadanos del país y de la UE.

Esto se ha conocido a raíz de la filtración de correos electrónicos enviados entre el Primer Ministro y su principal asesor, Dominic Cummings, que se hicieron públicos en Buzzfeed el pasado día 10 de septiembre. En ellos se reveló que la Oficina del Gabinete recibió la orden de transformar el portal online del gobierno, Gov.uk, en una plataforma de recopilación masiva de datos. Y las filtraciones parecen indicar que se pretenden usar estos datos para identificar a las personas y sus diferentes interacciones con el gobierno, de forma que se vulnerarían los derechos a la privacidad de los ciudadanos, de forma flagrante.

La excusa del gobierno es que esto es un procedimiento normal para mejorar los servicios a la ciudadanía, y para asegurarse de que las personas pueden acceder a los servicios públicos que necesitan. Pero los responsables del ICO, junto con otras organizaciones y entidades británicas, han expresado su profunda preocupación por una política que podría vulnerar los derechos de la población, y que podría tener una motivación puramente política. A eso se suma el historial de Cummings, que ya ha participado en la recopilación y el uso indebido de datos en casos como la campaña “Vote Leave”.

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