Las sanciones ponen en riesgo la capacidad de almacenamiento y computación del gobierno y las empresas rusas
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Las sanciones impuestas contra Rusia y la retirada de muchas empresas tecnológicas que operaban en el país están impidiendo que el gobierno pueda satisfacer las necesidades de sus centros de datos. Por ello, se está planteando hacerse cargo de la infraestructura TI de estas empresas, lo que les permitiría resolver a corto plazo la falta de recursos de almacenamiento y computación en sus administraciones públicas.
Como consecuencia de la guerra que ha iniciado Rusia contra Ucrania los gobiernos de muchos países han impuesto elevadas sanciones y muchas empresas que operaban en Rusia han abandonado el país. Entre ellas proveedores de TI, centros de datos e interconexión, pero también muchas otras que contaban con su propia TI o contratos de arrendamiento con proveedores de centros de datos. Mientras tanto, las administraciones públicas de Rusia están agotando sus inventarios de equipos como sistemas de almacenamiento y computación, y su cadena de suministro está prácticamente bloqueada.
Esto está llevando al gobierno del país a tomar ciertas decisiones para garantizar la el funcionamiento de sus instituciones y de iniciativas que considera prioritarias, como la vigilancia en las ciudades inteligentes, que requiere grandes capacidades de almacenamiento de datos. Según un artículo publicado recientemente en la revista Kommersant, del que se han hecho eco diversos medios, el gobierno contaría con solo un mes y medio de suministros de almacenamiento de datos, por lo que se está planteando adoptar medidas de emergencia, entre las que podría estar la ocupación de espacio de los centros de datos comerciales ubicados en el país.
Según este artículo, las autoridades estarían preparándose para comprar toda la capacidad de estos centros de datos, incluyendo los recursos de TI de las empresas que han decidido abandonar sus negocios en el país como respuesta al conflicto. En este contexto, las empresas rusas también están sufriendo por las sanciones, y dado que proveedores como AWS o Equinix ya no les prestan servicios, están buscando alternativas para garantizar su capacidad de TI.
Con previsiones de perder la infraestructura física arrendada, la cantidad de empresas que está migrando a la nube se ha multiplicado en solo una semana, recurriendo a los proveedores nacionales. Pero estos también tendrán problemas para ampliar su capacidad de almacenamiento y computación a causa del bloqueo que se está imponiendo contra Rusia, lo que complica aún más la situación.
Para evitar que las empresas acaparen los pocos recursos disponibles, el gobierno estaría tratando de hacerse con toda la infraestructura disponible, lo que según los expertos afectará a otros sectores considerados como no críticos, como el de entretenimiento digital. Y con la recientemente aprobada Ley Yarovaya, las empresas de telecomunicaciones rusas ya no tendrán que aumentar su capacidad de almacenamiento de datos de sus usuarios en un 15%, como estaba previsto, ni estarán obligadas a almacenar el tráfico de vídeo, lo que planteará sus propias dificultades a la población y las empresas.
Algunas voces apuntan ala posibilidad de que Rusia acuda a China en busca de una nueva cadena de suministro de TI, pero pocos consideran que esto pueda lograrse a corto plazo. De hecho, grandes empresas chinas como Huawei, que tendría capacidad para suministrar tecnología de centros de datos a Rusia, ha detenido los negocios con este país a la espera de ver cómo se suceden los acontecimientos, y como medida para no incurrir en más sanciones por parte de Estados Unidos. Y la posibilidad de migrar los datos de Rusia a China tampoco se considera una buena opción, ya que la información gubernamental no debería estar en manos de centros de datos extranjeros, por mucho que China no sea un enemigo del país.
Para muchos expertos occidentales todo parece indicar que, si Rusia no encuentra una solución rápidamente, en muy poco tiempo podría quedarse sin los recursos de computación y almacenamiento de datos que necesita para garantizar las operaciones digitales en el país. Esto afectará a muchas iniciativas lanzadas en el país en los últimos años, tanto las de vigilancia de la población como la gestión digital de las administraciones públicas y, en última instancia, incluso las operaciones militares.
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