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Facebook y la derogación de la octava enmienda de Irlanda

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Facebook movil

Los responsables de la red social han aceptado publicar los datos sobre la publicidad engañosa que se publicaron en su plataforma durante el referéndum sobre la derogación de la octava enmienda en Irlanda, que penalizaba el aborto con severas penas de cárcel para las madres y los médicos implicados.

En los últimos años, cada vez que se lleva a cabo un proceso democrático de importancia en Estados Unidos y Europa (de momento), Facebook se ve rodeado de escándalos. Desde las elecciones a la presidencia de Estados Unidos hasta la votación sobre la salida del Reino Unido del marco de la Unión Europea, las filtraciones de datos y el uso abusivo de publicidad engañosa han destacado el papel de la red social como medio para influir en las decisiones de los votantes. Lo mismo ha sucedido durante la polémica votación sobre la derogación de la octava enmienda de Irlanda, que durante muchos años ha mantenido una política de penalización del aborto en el país. Finalmente, y con una mayoría aplastante, la población irlandesa optó por eliminar esta normativa, que hasta entonces penalizaba con hasta 14 años de cárcel a las madres y el personal médico implicados en un aborto.

Durante este proceso diferentes plataformas de Internet, como Google y Facebook, exhibieron gran cantidad de publicidad engañosa destinada a influir en la opinión pública, en otro escándalo inadmisible de injerencia en un proceso democrático. En este caso, y tras la reclamación de las autoridades, Facebook ha aceptado publicar los datos referentes a esta publicidad, reconociendo su participación pasiva en este hecho potencialmente punible. Esta decisión tiene como objeto congraciarse con la administración y con la población irlandesa para minimizar la pérdida de reputación que viene sufriendo en los últimos años, tras participar en diferentes escándalos de talla mundial. Aunque en su momento llegaron a instalar medidas para evitar este tipo de publicidad, se mostraron insuficientes y llegaron tarde. Y, mientras se llevaba a cabo la campaña previa al referéndum, la compañía se embolsó pingües beneficios fruto de estas publicaciones. Ahora, ante las presiones sufridas, han decidido publicar los datos sobre la cantidad de dinero que se ha gastado en esas campañas de publicidad, así como información sobre los anuncios (en gran medida de procedencia extranjera) que fueron rechazados entre el 8 y el 25 de mayo. Con esta información la Iniciativa del Referendum Transparente contará con datos vitales para analizar la procedencia y el impacto de estas “interferencias” en la opinión pública. En relación a la decisión de Facebook, los responsables de esta iniciativa han dicho que es importante que se sepa la verdad para alcanzar una total transparencia.

En cualquier caso, lo que este escándalo ha puesto sobre la mesa es la necesidad de contar con herramientas legales y tecnológicas para que la población pueda conocer a tiempo real el uso que se hace de sus datos, quién se beneficia de la información que publican y de dónde proviene la información que se publica en plataformas como las redes sociales o los buscadores de Internet, especialmente la publicidad de índole política. Así se podrían controlar mejor los intentos de interferencia en los procesos democráticos, garantizando el buen funcionamiento del estado de derecho.

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