Australia vigilará que las tecnológicas no violen la privacidad de los datos

El alcance de las tecnologías digitales es cada vez mayor, y las personas, empresas y gobiernos generan constantemente datos que acaban de una forma u otra en manos de grandes empresas tecnológicas como Google o Facebook, entre otras. Pero en muchos casos estas compañías no respetan la privacidad de la información personal y confidencial, y en los últimos años se han producido importantes casos de violación de datos que se han utilizado con fines comerciales o políticos.

Ante este peligro, las autoridades australianas llevan tiempo endureciendo las leyes para establecer un control más estricto sobre las actividades de este tipo de empresas, y ahora han dado un paso más allá con la creación de la primera oficina dedicada a controlar a estas compañías, que pretende convertirse en un precedente para los legisladores de todo el mundo.

La iniciativa forma parte de las 23 recomendaciones de un informe emitido por la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC), que propone el fortalecimiento de las leyes de privacidad, mayores protecciones para los medios de comunicación y un código de conducta que pretende regular la forma en que estas empresas se benefician de los datos de los usuarios que almacenan.

Esta política va en sintonía con las tendencias que están surgiendo en otras regiones, donde los gobiernos están estudiando la forma de controlar las actividades de las grandes tecnológicas, que tienen en su poder ingentes cantidades de información de las personas, lo que les da un gran poder. Según ha comentado públicamente el tesorero australiano Josh Fryndenberg, “Estas compañías se encuentran entre las más poderosas y valiosas del mundo”. Y, por ello, señaló que “Deben ser responsabilizados y sus actividades deben ser más transparentes”.

Y, según ha dicho, el gobierno quiere arrojar más luz sobre la naturaleza de los algoritmos que emplean las empresas como Google o Facebook, concretamente la forma en que actúan para recopilar y monetizar los datos de los usuarios. Aunque antes de que estas propuestas se transformen en una ley se va a realizar un proceso de consulta pública, de 12 semanas de duración. Se espera que las empresas se involucren en este proceso y, aunque parece claro que se posicionarán en contra de esta iniciativa, de momento no han realizado comentarios al respecto.

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