El gobierno estadounidense no cumple sus objetivos de cierre de centros de datos

Las viejas infraestructuras de centros de datos de Estados Unidos estaban generando enormes costes a los contribuyentes del país, por lo que el gobierno decidió cambiar la situación, a través de la Ley Federal de Reforma de la Adquisición de Tecnología (FITARA). Esta ley, que data de hace cinco años, ordenaba el cierre o la consolidación de miles de granjas de servidores anticuadas e ineficientes, como paso fundamental para cambiar el modelo de infraestructura TI del gobierno.

Pero, según un informe reciente de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EEUU (GAO), tras finalizar agosto de 2018 solo se habían cerrado 6.250 centros en todo el país, de los 12.166 que tenían que haberse clausurado en todo este tiempo. Además, solo 13 de los 24 departamentos sujetos a estas imposiciones de la ley FITARA, y de su Iniciativa de Optimización de Centros de Datos (DCOI), habrían cumplido los objetivos asignados.

En el informe se dice que “Se esperaba que los cierres de los centros de datos generaran ahorros y reducción de costos y, para crédito de las agencias, los cierres han dado lugar a más de $ 2,37 mil millones en ahorros y reducción de costos previstos en los años fiscales 2016-2018”. Pero también se indica que estos logros no son suficientes, ya que aún quedan muchas instalaciones por cerrar o consolidar, y que se prevé un retraso en los planes originales del gobierno.

En cuanto a la optimización de los centros de datos, según obliga el DCOI, 20 de los 24 departamentos gubernamentales afirman que no lograrán cumplir con todos los objetivos de optimización de sus instalaciones para la fecha prevista de 2020. Una parte de esto tiene que ver con la imposibilidad de deshacerse de los armarios de servidores pequeños y de los viejos bastidores donde tienen servidores y plataformas de almacenamiento que aún utilizan.

Pero otro de los aspectos más importantes de este plan, y que está planteando muchas dificultades a las autoridades competentes, es cumplir con los objetivos de eficiencia energética, que establecen que los centros de datos de control federal deben tener una calificación de efectividad en el uso de energía (PUE) de un 1.5 o inferior para las instalaciones preexistentes, y de un 1.4 o inferior para los nuevos centros de datos.

Además, existe un grave problema de utilización de los recursos, con una cantidad alarmante de lo que se denominan servidores zombies, y se deben cumplir otros objetivos en materia de monitorización, medición de energía y automatización de la virtualización, que están retrasando los planes originales. Según el informe, ninguna de las agencias logró cumplir con estos objetivos a fecha de agosto de 2018. Este plan de reconversión tecnológica de centros de datos gubernamentales debía completarse antes de septiembre de 2018 y, en vista del lento desarrollo de esta estrategia, se alargó el plazo hasta el 1 de octubre de 2020. Ahora, a la luz de esta información, cabe esperar un nuevo aplazamiento, lo que tendrá un impacto en los costes tecnológicos que deberá soportar la Administración estadounidense, que se sumarán al coste de los nuevos contratos gubernamentales con proveedores de infraestructura y servicios en la nube, que alcanzan cifras astronómicas.

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