Google se enfrenta al derecho al olvido

Este conflicto se originó en 2014, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que cualquier ciudadano europeo podía exigir a los motores de búsqueda en Internet la eliminación de los enlaces de resultados de búsqueda susceptibles de infringir sus derechos de privacidad. Así, aunque la información seguía existiendo en los servidores de las compañías afectadas por esta resolución, no se podía vincular a las personas al buscar su nombre en la web. Para ello, estas personas debían denunciar los enlaces como “inadecuados, irrelevantes o excesivos”. Desde entonces, Google ha atendido cerca de 723.000 solicitudes de este tipo, y ha acordado eliminar los enlaces denunciados en un 44% de los casos. Esta resolución judicial defendía en aquel momento algo que hora está recogido en la nueva regulación de protección de datos europea (GDPR), que blinda los derechos de privacidad de los ciudadanos europeos, pero presenta muchas dificultades de aplicación en el entorno global de Internet.

Esta semana Google se dirigirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para plantear sus argumentos en contra de la aplicación del derecho al olvido que sugiere la Agencia de Protección de Datos de Francia (CNIL). Este organismo quiere que la anterior resolución del TJUE sea aplicable en cualquier parte del mundo, en base a lo perjudicial que puede resultar para los ciudadanos europeos que su información confidencial sea accesible fuera de la UE. En palabras de Gwendal Le Grand, Directora de Tecnología e Innovación de la CNIL; “Una vez que se acepta que algo debe ser retirado, debería aplicarse globalmente”. Según su tesis, las autoridades internacionales deberían encargarse de que los artículos sujetos a esta resolución sean ocultados, no sólo en los dominios relacionados con la UE, como Google.fr o Google.es, sino también en Google.com y en las versiones de otros países extracomunitarios.

Por su parte, Google aduce que estas medidas establecerían peligrosos precedentes que irían en contra de la soberanía legal de los países ajenos a la Unión Europea. Este argumento está siendo compartido por diversos grupos de periodistas y organizaciones relacionadas con la libertad de expresión, que afirman que la UE no debería imponer la aplicación de su marco legal en otros países, y que esta regla sería susceptible de una aplicación abusiva que podría limitar la libertad de información de la que también gozan los ciudadanos, constituyendo una forma de censura. Cabe esperar que la alegación de Google frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea no provocará una nueva resolución judicial a corto plazo, y la polémica continuará.

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