La CNMC destapa un fraude en los contratos de servicios TI para la administración

Tras la investigación llevada a cabo por la CNMC, que se inició en 2015 y acaba de finalizar, se ha comprobado que esta trama de empresas se había puesto de acuerdo para encarecer los contratos de servicios TI ofrecidos a la administración pública. Estas compañías operaban en todo el territorio nacional, ofreciendo servicios de consultoría y tecnología a diferentes entes públicos, desde la consultoría inicial para la instalación de equipos, aplicaciones y bases de datos hasta la preparación y la ejecución final de proyectos TI. Como ha demostrado la CNMC, estas empresas se repartieron los clientes y pactaron los precios y las condiciones comerciales para hacerse con los contratos y obtener beneficios adicionales de forma ilícita. El fraude ha afectado durante los últimos años a entidades como la Agencia Tributaria, que destapó el caso, a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, al Servicio Público de Empleo y al Instituto Cervantes, entre otras muchas instituciones públicas.

Las prácticas ilícitas llevadas a cabo por esta trama de empresas estaban relacionadas principalmente con los procedimientos de contratación, que se realizaban mediante varios métodos. Uno era a través de Uniones Temporales de Empresas (UTE) de carácter instrumental. También mediante la subcontratación preferente de ciertas empresas, garantizándoles un porcentaje de facturación y unas condiciones más ventajosas, a cambio de que no participaran en otras ofertas de licitación. Además, se bloqueaba el acceso a los concursos públicos a otras empresas para que estos se adjudicaran a otras firmas a cambio de favores. Como indica la CNMC, estas prácticas de manipulación de los concursos reducen la competencia entre las empresas y se consideran ilícitas.

Según la Comisión, este grupo de empresas estaba encabezado por Indra y Software AG, pero contó con la participación de otras compañías destacadas como Accenture, IBM, Babel, Atos, Conectis, Everis, Gesein, Cibernos y Next. En un principio también estaban incluidas en la investigación la firmas Iecisa y Axpe Consulting, pero finalmente la Comisión declara que no se han hallado pruebas suficientes de su participación. Finalmente, esta investigación ha culminado con la imposición de una multa por valor de 29,9 millones de euros, repartida de diferente forma entre los integrantes de la trama. La lista descendente de sanciones comienza con Indra, que ha sido multada con 13,5 millones de euros, seguida de Software AG (6 millones), Atos (5 millones), Connectis (1,8 millones), IBM (940.000 euros), Everis ( 800.000 euros), Babel (633.917 euros), Cibernos (616.038 euros), Gesein (320.969 euros), Accenture SL y Accenture Outsourcing Services (300.000 euros) y Next Computer Services (46.760 euros).

Las empresas condenadas a pagar aún pueden interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para recurrir la sentencia, aunque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia considera que las pruebas son irrefutables. Teniendo en cuenta el alcance de esta trama durante los últimos 15 años, y lo difícil que es calcular el volumen de beneficios obtenido de forma ilícita durante todo este tiempo por estas empresas, cabe pensar que las sanciones impuestas suponen sólo una fracción de lo que han ganado con esta trama. Además, hay que tener en cuenta los posibles perjuicios a otras empresas que se vieron fuera de los concursos por no participar en este entramado.

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