La UE controlará las inversiones extranjeras en empresas dedicadas a los datos

En los últimos años, empresas estatales de determinados países, como China y Rusia, han invertido grandes sumas en la adquisición de empresas e infraestructuras estratégicas dentro de la Unión Europea. Ejemplos de ello son la compra del puerto del Pireo y de la terminal de contenedores de Valencia por parte de la empresa estatal china Cosco, aunque hay otros muchos que abarcan sectores como los grupos de comunicación, empresas de suministro eléctrico, de defensa y otras infraestructuras críticas. Según se ha conocido hoy por diversos medios como El País, La Comisión Europea ya tiene listo un nuevo reglamento que permitirá proteger los intereses de la Unión en los sectores clave para la economía y el gobierno, que le dará potestad para dictaminar la viabilidad en operaciones de este tipo. Aunque, según se ha informado, los países en los que se pretendan realizar estas inversiones tendrán la última palabra en estos negocios.

Esta nueva normativa se empezó a gestar el año pasado, debido a que solo 12 de los países miembros tienen mecanismos para investigar este tipo de compras y adquisiciones, con diverso poder para intervenir, entre ellos Francia, Alemania y España. Y, tras un tiempo de discusión y diversos cambios, se han incluido los medios de comunicación y las empresas dedicadas al almacenamiento de datos y a las de tecnología para procesos electorales, que tienen mucha información sobre los ciudadanos de la unión europea y son sensibles en materia de privacidad. Además, tras los graves escándalos de manipulación de la opinión pública a través del robo de datos en redes sociales como Facebook, ha aumentado mucho la sensibilidad de la Comisión en estas materias.

Según esta nueva regulación, la Comisión Europea podrá intervenir en tres fases diferentes. Primero, cuando un país esté analizando la entrada de capital extranjero destinado a una compañía estratégica. El país en cuestión deberá informar a la Comisión sobre la estructura de la sociedad, la cuantía de la inversión y sobre los países miembros de la UE que podrían verse afectados por esta operación en materia de “seguridad” y “orden público”. Aquí, la comisión podrá dictaminar si se considera una inversión perjudicial. En segundo lugar, si el país destinatario no dispone de las herramientas necesarias para monitorizar estas operaciones, pero otro país de la UE siente que puede verse afectado por esta inversión, puede alertar a la Comisión, quien podrá emitir un dictamen al país donde se realizará dicha inversión. Finalmente, los responsables europeos podrán actuar de oficio si consideran que las inversiones están destinadas a “programas de interés de la Unión”. Como indican las fuentes de esta información, el país destinatario tendrá siempre la última palabra, pero este nuevo mecanismo servirá para sacar a la luz este tipo de compras y adquisiciones, que hasta ahora se han realizado de forma bastante opaca en muchos países. Esto pondrá en evidencia cualquier operación dudosa y, generando dos frentes de batalla: el administrativo en Bruselas y el de la opinión pública de cada país.

Cabe destacar que Europa por fin ha decidido considerar como “infraestructuras clave” varios sectores tecnológicos que se estaban ignorando hasta hace poco en cuestiones de esta índole, como el procesamiento y el almacenamiento de datos, y las telecomunicaciones. Y se ha hecho patente la preocupación por la posible transferencia tecnológica desde la UE hacia países extranjeros como China o Rusia, entre otros, especialmente en sistemas de última generación que tendrán gran impacto, como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la biotecnología.

Este es un primer paso para monitorizar y regular las inversiones extranjeras en áreas que son de vital importancia para los gobiernos, las industrias y la sociedad dentro de la Unión Europea, y el texto final recoge que, tras tres años de vigencia, la Comisión deberá evaluar su efectividad, para realizar modificaciones si es preciso. Mientras tanto, se insta a los países que carecen de mecanismos estatales para la vigilancia y el control de estas operaciones financieras que estudien la creación de sus propias herramientas.

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