California aprueba su propia versión de GDPR

La semana pasada el Gobernador de California, Jerry Brown, firmó la nueva Ley de Privacidad del Consumidor de California 2018 (AB375), una normativa de protección de datos más estricta que las anteriores, que comparte un poco la filosofía del reglamento europeo GDPR. Esta nueva ley afecta especialmente a las empresas que tienen datos de más de 50.000 personas y que operan en el Estado de California, y otorga nuevos derechos a sus 40 millones de residentes. Por ejemplo, con esta nueva normativa los ciudadanos podrán ver los datos que las empresas tienen de ellos, corregirlos y solicitar que no puedan ser compartidos con terceros o que se eliminen definitivamente. La violación de esta ley conlleva una multa de 7.500 dólares por cada caso, lo que podría suponer un fuerte golpe para las compañías que no respeten los nuevos derechos de los usuarios. Teniendo en cuenta la gran cantidad de grandes empresas relacionadas con Internet que tienen su sede o simplemente operan en California, el volumen de compañías que se verán afectadas es enorme. Además, entre ellas se encuentran los gigantes de Internet, que deberán revisar atentamente y modificar sus políticas de gestión de datos personales.

Como es natural, la oposición a esta nueva ley no ha tardado en manifestarse en su contra. Por ejemplo, la Asociación de Internet, que engloba a las principales compañías de la web, lanzó un comunicado criticando el rápido proceso de aprobación, sin haber realizado ningún debate ni haber consultado a la industria. El vicepresidente de Asuntos de Gobierno Estatal de la IA, Robert Callahan, dijo en su comunicado: “La política de regulación de datos es compleja y afecta a todos los sectores de la economía, incluida la industria de Internet. Eso hace que la falta de discusión pública y el proceso en torno a este proyecto de ley de gran envergadura sea aún más preocupante. Las circunstancias de este proyecto de ley son específicas de California. Es crítico que los legisladores trabajen para corregir las inevitables políticas negativas y las ramificaciones de cumplimiento que este acuerdo de última hora creará para los consumidores y empresas de California por igual”.

El proyecto de ley se presentó en febrero de 2017 y se paralizó en septiembre. Posteriormente, el 21 junio de 2018 se reactivó y se aceleró su tramitación mediante la votación unánime de la Asamblea y el Senado estatal. Horas después el Gobernador Jerry Brown procedió a su firma oficial. Realmente es sorprendente lo rápido que una ley de esta naturaleza ha podido ser aprobada en E.E.U.U., donde las grandes compañías de Internet tienen tanto peso en las decisiones legislativas, pero las razones son puramente políticas. Los escándalos de Facebook y de otras grandes compañías que se hacen ricas vendiendo la información personal de sus usuarios ha suscitado la desconfianza de éstos, y el año varias personas de elevada posición decidieron crear una iniciativa particular para desarrollar una nueva normativa de protección de datos. Pero, conscientes de que los cauces habituales llevarían a un punto muerto y de que las presiones de las grandes firmas tendrían mucho peso en el proceso, optaron por emplear un cauce diferente, que permitiese someter el proyecto de ley a una votación popular, al margen del ejecutivo. Gracias al asesoramiento proporcionado por varios expertos en tecnología, leyes y procedimientos burocráticos, este proyecto llegó a convertirse en una iniciativa electoral, que sería sometida a votación por parte de los californianos. Esto ha obligado al ejecutivo del estado a elegir precipitadamente entre aprobar la ley y tratar de modificarla después, o someterla a votación y enfrentarse a los más que probables costes electorales que podría generarles. Y estos probablemente serían enormes, ya que gracias a que allí se ubica Silicon Valley, los ciudadanos de California se cuentan entre los más afines a las tecnologías e Internet, y son más conscientes que la mayoría de las implicaciones de ceder sus datos a grandes empresas como Google, Facebook, Apple, etc. Finalmente, el ejecutivo californiano acordó que aprobaría la ley a cambio de que sus impulsores retirasen la iniciativa electoral. Y aunque esto no ha gustado mucho a los gigantes tecnológicos, no es una mala opción, ya que las leyes aprobadas por esta vía son mucho más difíciles de modificar, y al gobierno le convenía una vía más factible para sus intereses, que pudiese modificarse a medio plazo. La buena noticia para el sector empresarial es que la puesta en vigor de esta normativa no se llevará a cabo hasta el 1 de enero de 2020, por lo que hay tiempo para implementar todas las condiciones impuestas por la nueva ley y, según afirman representantes de las grandes compañías, de aquí hasta entonces puede pasar cualquier cosa. Su esperanza es debilitar la ley antes de que se ponga en marcha, pero sus impulsores han trabajado concienzudamente para crear una propuesta de ley bien fundamentada que, según muchos expertos, será complicado combatir.

El resultado de esta maniobra política al más puro estilo de un thriller político de hollywood es que partir de la puesta en marcha de la ley los ciudadanos podrán empoderarse de sus datos de forma similar a la población de Europa. Ahora queda por ver de qué manera se enfrentarán los grandes como Facebook, Google, etc. a las implicaciones de esta estricta normativa. La comercialización de datos es vital en el modelo de negocio de este tipo de compañías, y tendrán que encontrar formas de recuperar ese poder sobre los datos que tantos beneficios les ha generado desde que Internet es tal y como lo conocemos ahora. Por ahora no se sabe si su estrategia se basará en tratar de tumbar la ley antes de que entre en vigor, o si optarán por un enfoque “más europeo”, planteando nuevas formas de incentivos para que los usuarios acepten compartir su información personal a diferentes niveles.

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